|
Lamentablemente padecemos de un acentuado facilismo, que como sociedad tenemos que combatir para encarar con lucidez la solución de nuestros más graves problemas.
Como colectividad no entendemos a cabalidad la naturaleza ni la complejidad de los fenómenos -en este caso de política económica- y mucho menos los costos y beneficios de las medidas que reclamamos o de las que repudiamos.
En el caso de la privatización, por ejemplo, no pudimos mantener un ritmo sostenido. Luego de un inicio eufórico en 1991, cuando se dijo que se vendería todo y lo más rápido posible, se dio el frenazo en 1995, al argumentarse que "no debía malbaratearse el patrimonio del Estado". ¿Por qué esta carrera de caballo y parada de borrico? Pues, por falta de claridad en los objetivos, por ausencia de una estrategia sostenible y por el inmediatismo a veces oportunista (que algunos llaman "olfato político"), que a la larga se transforma en la pérdida de la verdadera oportunidad para sentar las bases del progreso.
Recordemos que la búsqueda de la modernidad económica significa que los consumidores tengamos la opción de contar con productos -tangibles e intangibles- de cada vez mejor calidad, con abastecimiento oportuno y a precios competitivos.
Para ello, en un escenario de economía social de mercado se acepta que la gestión privada es más eficiente y eficaz en la oferta de dichos productos; mientras que al Estado le corresponde garantizar que las reglas del mercado operen sin distorsiones, para beneficio de los consumidores justamente.
Entonces, la privatización -que debe hacerse con la transparencia debida para evitar la corrupción- debe realizarse de manera tal que se evite el simple traslado de monopolios estatales a manos privadas, y si por razones naturales no pudieran eliminarse las condiciones de cárteles y/o oligopolios, la presencia reguladora y fiscalizadora del Estado debe quedar plenamente establecida, en favor de los intereses del consumidor. Así funcionan las sociedades modernas y desarrolladas.
Lo que debe quedarnos claro, es que la privatización, en sus diferentes modalidades (desde la venta de activos hasta las concesiones) es una decisión política de que el Estado no intervenga como operador de la actividad empresarial, dejando ese campo para la iniciativa y acción de los privados. No se privatiza para tapar huecos fiscales primordialmente.
Sin embargo, aun teniendo claridad respecto de hacia dónde queremos ir, es fundamental saber cómo desplegaremos todas y cada una de las acciones que nos llevarán al logro de la meta deseada.
Ciertamente, el momento, la forma y la intensidad del componente comunicativo resultan claves; los trabajadores, los consumidores como tales, los inversionistas y la ciudadanía en su conjunto necesitan campañas explicativas, más que spots publicitarios parecidos a los que se usan para vender cosméticos.
Igualmente, el tema de la relación participativa que se establezca con los grupos que se afectarán con el proceso de la privatización ha de merecer preferente atención.
Dentro de la transparencia administrativa, es necesaria la información oportuna del destino de los fondos que la privatización genera. No después de múltiples pedidos, sino proactivamente.
El debate, antes, durante y después de los procesos que impactan en la vida de la ciudadanía, es lo que caracteriza a la conducta democrática de una sociedad, y esa opción es la que garantiza la sostenibilidad de las medidas. Promover esta dinámica corresponde a los funcionarios de la Administración Pública.
(15 de Mayo de 2002)
|
|