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Uno de los principales problemas que sufre nuestra sociedad son las barreras o trabas burocráticas que se enfrentan al realizar trámites en diversas instancias de la administración pública. Todos percibimos, pero no necesariamente llegamos a comprender, qué es lo que sucede cuando esta burocracia dañina cobra "fuerza legal", llegando a frenar u obstaculizar el desarrollo del país.
Concretamente, uno de los mayores obstáculos para el desarrollo de infraestructura y obras de servicios públicos en nuestro país son las barreras o trabas que algunos municipios imponen -mediante las normas que expiden- desconociendo muchas veces su ámbito de competencia con el único objetivo de lograr recursos o ingresos de manera antitécnica y hasta ilícita, como es el caso de las delincuenciales cobranzas coactivas .
Existe una malentendida autonomía normativa municipal, derivada de una interpretación errada del Artículo 200º (inciso 4) de la Constitución, en base al cual algunas municipalidades pretenden hacer prevalecer sus normas en contra del ordenamiento jurídico nacional. En muchos casos se usa este argumento como pretexto para la imposición de barreras ilegales, y en otros como fundamento principal para desconocer la legalidad y afectar la seguridad jurídica (Ej. tasas y derechos municipales antitécnicos y arbitrarios, excesivos trámites y sobrecostos para obras en la vía pública, medidas prohibitivas y restrictivas, etc.). El resultado al final es el mismo: se detiene el desarrollo del país y se afecta la calidad de vida de nuestra población.
Es difícil apreciar la dimensión del real daño que causan estas trabas. Existe la percepción que se trataría de pequeños obstáculos de menor cuantía y de mero trámite. Esto no es así, por el contrario, las barreras municipales implican tiempo (atraso en las obras) y dinero (que encarece la tarifa del servicio y se traslada al usuario), y crean inseguridad en los inversionistas desalentando la ejecución de nuevos proyectos. El concurso de los Gobiernos Locales resulta indispensable para atender las demandas de infraestructura generadas no solo en situaciones excepcionales de lamentables desastres naturales, sino también para cubrir progresivamente el déficit de infraestructura y expandir la cobertura con el objetivo de incluir a los No Usuarios de los servicios públicos y generar bienestar y alguna calidad de vida para más peruanos. (Tomado de Boletín AFIN N° 008)
ENTREVISTA a Virginia Nakagawa
Virginia Nakagawa es Directora Jurídica y Regulatoria - Telmex Perú
"Los municipios se han constituido en seudo feudos que bloquean el despliegue de redes, al margen del interés nacional"
-¿Porqué las empresas de servicios públicos tienen tantas dificultades en los trámites para desplegar redes?
El problema básico se configuró desde el inicio: En efecto, si bien los servicios de telecomunicaciones y los servicios de energía eléctrica son servicios públicos, la Ley General de Telecomunicaciones tiene una gran desventaja si la comparamos con la Ley de Concesiones Eléctricas. En esta última Ley se facultó a los concesionarios eléctricos a abrir los pavimentos, calzadas y aceras de las vías públicas dando aviso a las Municipalidades respectivas sobre las instalaciones realizadas. No obstante que determinados Gobiernos Locales cuestionaron judicialmente dicha disposición, al final esta fue refrendada por el Poder Judicial. Como comprenderá, si bien los dos servicios son "servicios públicos", uno tiene una gran y sustancial ventaja frente al otro. Con la intención de resolver este problema en la Ley General de Telecomunicaciones, se emitió la Ley 28295, Ley de Compartición de Infraestructura, pero si bien fue un primer avance, esta no ha funcionado porque el proceso se constituyó sobre bases complejas y no garantiza que las empresas de telecomunicaciones puedan instalar sus redes con la rapidez requerida por los usuarios. Imagínese que le ofrezca servicios de telecomunicaciones, firme el contrato y se le indique que en tres años le instalamos el servicio.
-¿El camino sería corregir la Ley de Telecomunicaciones para que tenga la misma facilidad que la Ley de Concesiones Eléctricas?
Lo que nosotros siempre planteamos es que si somos servicio público, con el interés público involucrado dado el beneficio directo hacia los usuarios, no debemos ser tratados como un "hermano menor". Debemos tener los mismos derechos porque tenemos las mismas obligaciones. Creo que resulta imprescindible que después de la reciente experiencia de saturación de las líneas telefónicas – que es perfectamente natural en situación de desastre o emergencia- debemos reflexionar sobre la necesidad de dar más facilidades a las empresas de telecomunicacioones para el despliegue de su redes, con la precisión que una red de emergencia nacional siempre se constituye como una red privada, nunca sobre la red pública. Es más, las Municipalidades, los Gobiernos Regionales y las entidades públicas que tienen opinión o participación en el proceso de aprobación para el tendido de redes deberían ser las primeras en invitar a las empresas concesionarias a tender redes de telecomunicaciones, a generar mayor participación, en suma: "a ponerse al servicio del bienestar de los usuarios y, en especial de quienes no tienen acceso".
-¿Cuáles son los obstáculos municipales más difíciles de superar al momento de desplegar las redes de telecomunicaciones?
Lamentablemente el problema está en la malentendida autonomía municipal y si bien no es un mal generalizado en todos los Gobiernos Locales, los que sí tienen dicha "deformación endémica" son más de los que pudiera suponerse. No hay criterios uniformes, cada Municipalidad establece cobros de manera distinta a las demás. Si bien la autonomía municipal se encuentra consagrada en la Constitución, ello no implica que los Gobiernos Locales puedan legislar al margen de la legislación peruana o sin que nadie pueda establecerles determinados lineamientos. Se han constituido en seudo feudos que bloquean el despliegue de redes al margen del interés nacional. A veces, tenemos la sensación de que nos hemos constituido en una suerte de "Gobierno Federativo", y que el Congreso sólo legisla respecto a temas que involucran dos o más "estados federados".
-¿La Constitución tiene una falla?
No, son determinadas personas - generalmente quienes ven los trámites diarios en las municipalidades - los que han entendido pésimamente la autonomía municipal, y no sólo se trata de cómo la han interpretado, sino que claramente ejercen abuso de sus facultades. Es como sí en nombre de esa "autonomía" se pudiera establecer en cada localidad una forma de gobierno absolutamente contraria a los principios de la Constitución. Si la Constitución declara que somos un país que fomenta las telecomunicaciones no se puede ir en contra de ello. "Tengo mi autonomía pero no puedo ir en contra de lo que está establecido en la Constitución misma". Por ejemplo, existen Municipalidades que sostienen que es su facultad cautelar "Que las antenas no afecten la salud". Pero ello ya está cautelado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones quien ha normado sobre las emisiones permisibles de las antenas y ha establecido mecanismos de monitoreo permanente.
-¿Qué tipo de requisitos diferentes piden para otorgar los permisos?
Un ejemplo es el de las Municipalidades que cobran por un tendido de cable de un poste a otro en una cuadra y otras que te cobran ¡por metro lineal! ¿Me puedes explicar con qué lógica se sustenta ese cobro? Por otro lado, hay Municipalidades que han consignado en sus TUPAS que la instalación de un teléfono público está sujeta a convenio municipal, es decir que la empresa operadora tiene que negociar un convenio para poder desplegar la red. Eso no genera predictibilidad, seguridad ni transparencia.
-¿Existe alguna norma que diga cuál debe ser la lógica para establecer una tasa impositiva por el despliegue de red?
No, pero debería haber una que establezca que los derechos municipales por despliegue de redes de infraestructura se establecerán bajo determinados criterios. Ese es un vacío muy grande. Tienes en el país, empresas que tienen toda la voluntad de invertir y seguir ampliando la red de servicios de telecomunicaciones pero los Municipios tratan a los servicios públicos como si fueran "el patito feo" o una "fuente generadora de extraordinarios ingresos". Por un lado nos dicen "tienen que crecer" oye ¡pero si no nos dejan! Y eso porque nos enfrentamos a miles de trabas. Y, por favor, el hecho de que se haya
instalado un porcentaje de antenas o de infraestructura no es un indicador real, el indicador correcto es: "¿Cuánto hubieras instalado, empresa de telecomunicaciones si te hubieran concedido permiso con derechos racionales? ¿En cuánto hubieran sido beneficiados los usuarios, al generarse mayor competencia por la presencia de más empresas? ¿Cuántas personas, que hoy no tienen servicios de telecomunicaciones hubieran podido tener acceso?". Por otro lado, no olvidemos que la ley 27444, la LTM y el TUO del Código Tributario dan un marco general que debe respetarse, las tasas o cobros deben ser racionales y responder al costo efectivo del servicio brindado por las municipalidades, es decir, sin "ganancia".
-¿Tiene un cálculo de cuantas inversiones de Telmex se han bloqueado por estas barreras municipales?
Tenemos un gran número de proyectos que se quedaron en la "mesa de dibujo" porque se volvieron inviables económicamente por los cobros que querían establecer determinados municipios. Yo estoy segura que si no hubiera toda esta problemática municipal la brecha en infraestructura de telecomunicaciones sería hoy mucho menor. Un buen ejemplo es la construcción de la red dorsal que estamos efectuando Claro y TELMEX hacia el sur. Uno de los requisitos que se nos ha exigido, aparte del derecho de vía, que emite eficazmente el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, estriba en que un equipo de arqueólogos dirija el avance de obras en la zona, y el problema es que deben hacer el rastreo de vestigios arqueológicos ¡caminando!. Y entonces, ahora tenemos a personas de la empresa caminando con los arqueólogos para verificar que no pasemos por zonas que puedan ser declaradas intangibles. Mi tendido va por el derecho de vía de una carretera que ya ha sido construida. ¿Tú te imaginas cuanto puede demorar esto por la caminata? Que hay que cuidar el patrimonio arqueológico del país, que duda cabe hay que hacerlo, pero debe haber una manera más rápida.
-¿Qué sucede cuando va aumentando el número de usuarios que piden servicio y no se pueden instalar más antenas por las obstrucciones municipales que nos has descrito?
La calidad va decayendo, puede ser que levantes el auricular del teléfono y ya no tengas señal, puede haber interferencias.
El tema técnico es complejo y no puedes controlar la demanda de solicitudes para instalar más líneas, tenemos un compromiso con los usuarios que se ve afectado por las limitaciones que generan los municipios. En el caso de la telefonía fija inalámbrica, si la demanda sigue aumentando ya no podremos instalar más líneas porque tenemos indicadores de calidad que determinan un ancho de banda para una cantidad de usuarios. Nos encantaría seguir instalando más líneas pero lamentablemente no podremos porque no tenemos permisos.
El Congreso aprobó hace poco la Ley Nº 28996 que restituye a Indecopi la facultad de declarar inaplicable cualquier medida que se constituya en una barrera para el desarrollo del mercado.
-¿Ya ha tenido la oportunidad de utilizar este instrumento para eliminar las obstrucciones municipales?
Esa restitución de facultades es extraordinaria. En este momento tengo 4 procesos -contra municipios- que están avanzando y si la memoria no me es infiel, se trata de las Municipalidades de Ventanilla, San Luis, Santa María, Huacho y un proceso contra CONVIAL. Fundamentalmente, no se trata de solicitar "sácame este marco normativo porque quiero que resuelvan a mi favor", lo que se quiere es que haya un marco que permita decisiones técnicas, racionales, transparentes y predecibles. Cuando vas a realizar una inversión necesitas predictibilidad, de otra manera no puedes prever los resultados de la inversión.
-En ese contexto ¿qué opina de la ordenanza Nº 1022, emitida por la Municipalidad de Lima en la que esta se excluye de los alcances de Indecopi?
Esa Ordenanza es claramente un desacierto, porque simplemente es una constatación más de la interpretación errónea de que la normativa municipal se encuentra fuera de las normas que aprueba el Congreso, simplemente "porque quiere y puede, resuelve". Lo que ha hecho la Municipalidad es totalmente cuestionable, no tiene las facultades para poder excluirse del alcance de una Ley y me imagino que el Tribunal Constitucional resolverá esto. Un abogado conciente no puede haber aprobado una ordenanza de esta naturaleza. Es impresionante.
-¿Qué pasa con la ley Nº 29022, para la expansión de la infraestructura en Telecomunicaciones, no es suficiente para resolver el problema?
Esta ley va a facilitar mucho el despliegue de red, es sumamente buena, pero aún falta el Reglamento para que entre en vigencia. El mayor valor que tiene esta ley es el del silencio administrativo positivo, vale decir, que cuando se emita el reglamento correspondiente, se podrá instalar luego de haber cumplido con todos los requisitos, si la entidad no responde en los siguientes 30 días. Sin embargo, para mí el resultado positivo garantizado es que igualen la Ley de Telecomunicaciones con la del sector eléctrico y podamos desplegar sin necesidad de esperar el sinnúmero de autorizaciones, permisos, etc. Después de lo dicho parece claro dónde está la mayor traba para el desarrollo de infraestructura en el país. Creo que la atención de los medios está muy centrada en el Gobierno Central, el Poder Ejecutivo, el Congreso, hasta el Poder Judicial, pero nos estamos olvidando de los Gobiernos Locales que al final, en el día a día, son los que dan los permisos. (Tomado de Boletín AFIN N° 008).
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