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El ministro de Economía, Javier Silva Ruete (JSR), reiteró que el gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley para modificar la Ley de Puertos, independientemente de la labor de la comisión que elabora el reglamento de dicha ley. El ministro manifestó que la mayor parte de los puertos no son rentables, por lo que deberían ser entregados en concesión. Ello dependerá de si los puertos pasan a las regiones, en cuyo caso éstas verán lo que hacen; mientras que si no ocurre así, será el Gobierno Central el que decidirá qué se entrega en concesión, dijo.
De otro lado, consultado si existe una contradicción entre el anuncio -que él mismo hiciera- que Petroperú cotizará sus acciones en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) y la noticia que se efectuaría una inversión de US$ 250 millones en la refinería de Talara -proporcionada por el presidente de la petrolera estatal días atrás-, JSR aclaró: "No. Además, nadie decidió nada. Las decisiones de inversión de las empresas públicas las hace el FONAFE y no hubo ninguna decisión al respecto".
A pedido de SEDAPAL, el Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) aprobó por mayoría el incremento de las tarifas de agua potable en 5,6%. Se supo que un estudio encomendado por el ente regulador a una consultora local recomendó aprobar tal alza, a pesar de que SEDAPAL no cumplió el año pasado con sus metas de gestión empresarial y mejoramiento de la calidad de servicio.
El alza estaría condicionada a: la celebración de un convenio de gestión eficiente entre SEDAPAL y SUNASS; la presentación de un programa reajustado de inversiones, eliminando aquellas destinadas al aumento de la producción y el tratamiento del agua, con excepción de la perforación de pozos; la presentación de un programa físico-financiero de las principales licitaciones del 2003; la presentación de un programa de instalación de once mil medidores a usuarios comerciales, industriales y estatales; y la presentación del flujo de caja del 2003, de acuerdo con las exigencias de la Gerencia de Regulación Tarifaria de la SUNASS.
El presidente de la CONFIEP, Leopoldo Scheelje, recordó que el país requiere una inversión de US$ 18 mil millones en infraestructura básica (transporte, electricidad, saneamiento y telefonía) a fin de ayudar a que la industria sea más competitiva. Agregó que el Perú necesita recibir un flujo de inversión de US$ 5 mil millones anuales, que sólo puede llegar a través de la inversión privada y, particularmente, por medio de las concesiones.
La necesidad de inversión en infraestructura básica y en las empresas públicas no es sólo necesaria sino también urgente. Los países pobres, como el nuestro, poco pueden hacer por desarrollar su infraestructura si no están dispuestos a introducir las reformas necesarias para atraer el capital privado hacia las áreas en las que precisamente se necesita inversión que dichos Estados no pueden materializar por la escasez de recursos.
Este es el caso de la infraestructura de transporte, por ejemplo, cuya brecha respecto de países como Chile o Colombia fue estimada por un estudio del IPE en US$ 6.087 millones. Esto afecta directamente la competitividad del sector exportador, por los sobrecostos en tiempo y dinero asociados a las deficiencias en las redes viales, puertos y aeropuertos. Otro ejemplo es el caso del agua, en el que la cobertura es del 77% para Lima (68% para provincias).
Las inversiones necesarias para acceder a un servicio similar al de Chile alcanzarían los US$ 4.153 millones. El mismo criterio es aplicable al caso de la petrolera estatal y, en este sentido, nos alegra que se haya descartado la inversión a que se refiriera el presidente de Petroperú. Aunque la inversión es más que necesaria, creemos que ésta debería concretarse luego del traspaso de la empresa (o de esa unidad) al sector privado.
Entendemos que la consultora contratada por SUNASS, a cargo de la ex viceministra Augusta Dianderas, tiene amplia experiencia en el tema del agua. Esta especialista, por ejemplo, realizó un estudio para el Banco Mundial en el que demuestra que es erróneo el supuesto sobre el que se basan los esquemas de subsidios cruzados en las tarifas de agua, pues asumen que la población es indiferente a los incrementos en las tarifas de agua dado que se trata de una necesidad humana básica y que por ende es posible usar dicho mecanismo para beneficiar a los individuos de menores ingresos.
Trabajos posteriores demuestran no sólo que los grupos de mayores ingresos son más sensibles al precio del agua que los de menores ingresos, sino también que los aumentos en las tarifas reducen el consumo y con ello la posibilidad de que el subsidio cruzado efectivamente funcione, creando ineficiencias y pérdidas para la sociedad.
Somos de la opinión que, de concretarse, dicha alza, que entendemos se enmarca en una propuesta para cubrir progresivamente los costos reales de la prestación de los servicios, SUNASS tenga en consideración las recomendaciones respecto de las metas de transparencia en la gestión, cobertura y calidad, así como establecer un compromiso para la reestructuración de las tarifas, las cuales, según declaraciones de la misma funcionaria, llevan a que el 10% de usuarios, principalmente comerciales e industriales, subsidien al 90% restante.
A pesar de tener la tarifa promedio más baja, el porcentaje de pérdidas por agua no facturada es mayor que en otros países de Sudamérica. |
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